Nuevo frenazo en el juicio del caso Calamar: dos imputados fuera por salud y dos juezas recusadas
El juicio del caso Calamar volvió a detenerse este miércoles 11 de noviembre en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional. El tribunal separó del expediente a dos imputados por problemas de salud y, minutos después, la defensa de uno de ellos recusó a dos juezas, lo que obligó a aplazar la audiencia hasta el miércoles 18 de noviembre a las 9:00 de la mañana.
La separación la solicitó el Ministerio Público por razones humanitarias: Santiago Roberto Moquete y el excontralor general Daniel Omar Caamaño Santana enfrentan condiciones médicas que, según la Fiscalía, impedían que el proceso avanzara contra los demás acusados. El tribunal aceptó el desglose y dispuso seguir con el juicio contra el resto de los encartados.
Sin embargo, la defensa de Moquete presentó de inmediato una recusación contra las magistradas Leticia Martínez Noboa y Evelyn Rodríguez, alegando dudas sobre su imparcialidad, con base en el artículo 80, numeral 10, del Código Procesal Penal. Las juezas refutaron los argumentos: Martínez señaló que cuando una jueza comunica una decisión tomada por unanimidad lo hace en nombre del tribunal, y Rodríguez recordó que las resoluciones judiciales se impugnan por los recursos establecidos, no mediante recusaciones.
El tribunal, presidido por la magistrada Arlin Ventura, advirtió que la actuación podría constituir una violación al principio de lealtad procesal y remitió el incidente a la Corte de Apelación. El fiscal Melbin Romero Suazo calificó lo ocurrido como un acto de «deslealtad procesal» y valoró que el tribunal advirtiera sobre posibles sanciones si se repiten actuaciones de ese tipo, conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal.
La Corte de Apelación ya había rechazado una recusación anterior contra las mismas juezas, presentada por la defensa de Juan Tomás Polanco, y confirmó la competencia del tribunal. Además, en octubre el tribunal ya había separado del expediente a Rafael Porfirio Calderón Martínez, también por razones de salud.
El expediente acusa al exministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz y a otros exfuncionarios y particulares de integrar una presunta estructura de corrupción administrativa que habría defraudado al Estado con más de RD$19,000 millones, mediante pagos irregulares por terrenos declarados de utilidad pública y sobornos presuntamente destinados a financiar la campaña electoral de 2020. Los procesados fueron arrestados en 2023 durante la Operación Calamar. Las imputaciones son la tesis del Ministerio Público y se presumen inocentes hasta que el tribunal decida.
Ahora todo depende de la Corte de Apelación, que debe pronunciarse sobre la nueva recusación. Si la rechaza, el juicio podría retomar su curso el 18 de noviembre; si la acoge, habrá que recomponer el tribunal y el proceso volverá a retrasarse.
Foto: Frontera Digital.
