Diputados recortan a 18 meses la prórroga: el Código Penal se aplicará a las empresas desde mayo de 2028
El hemiciclo de la Cámara de Diputados, el órgano que este martes sesionó en San Cristóbal y aprobó con modificaciones el proyecto. (Foto de archivo de la institución)
@MediosACN reúne la decisión completa del martes: el plazo que quedó, el camino que le falta a la pieza en el Senado y las reacciones de las tres bancadas en la sesión de San Cristóbal.
SAN CRISTÓBAL.– Contrarreloj, la Cámara de Diputados declaró de urgencia y aprobó este martes, en dos discusiones consecutivas y con modificaciones, el proyecto de ley que extiende el plazo para la entrada en vigencia de las disposiciones del nuevo Código Penal sobre la responsabilidad penal de las empresas o personas jurídicas: el plazo quedó en 18 meses, y no en los dos años propuestos inicialmente.
El proyecto modifica el artículo 31 de la Ley 44-26, del 27 de julio de 2026, que a su vez cambia varias disposiciones de la Ley Orgánica que instituye el Código Penal, número 74-25, promulgada el 3 de agosto de 2025. Con la reducción aprobada, los artículos 8, 9, 10 y 11 del Código Penal, que tratan sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas, se aplicarían a partir del 5 de mayo de 2028, contados 18 meses a partir de este jueves.
La versión original, aprobada de urgencia por el Senado el pasado 21 de octubre, fijaba la aplicación para el 5 de noviembre de 2028. Al introducir modificaciones, los diputados devuelven la pieza a la Cámara Alta, que podrá convertirla en ley en una única discusión; si el Senado la acoge y el Poder Ejecutivo la promulga, el nuevo marco penal empresarial regirá desde mayo de 2028. El pleno liberó el proyecto de ir a comisión para poder decidir dentro del plazo, pues este 5 de noviembre vencía la fecha originalmente prevista para la entrada en vigencia de esos artículos.
La iniciativa fue sometida por el senador Rafael Barón Duluc, del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por La Altagracia. El Senado la aprobó el 21 de octubre y la remitió a Auditoría Legislativa al día siguiente, pero su recepción en la Cámara de Diputados quedó registrada el sábado 31 de octubre, diez días después. Los diputados sesionaron desde San Cristóbal, en la Gobernación provincial, en conmemoración del 182 aniversario de la Constitución de la República, proclamada en esa provincia el 6 de noviembre de 1844, y su presidente, Alfredo Pacheco, reveló que la moción de reducir la prórroga a 18 meses no contó con el acuerdo de todos.
En el debate, el vocero de la Fuerza del Pueblo, José David Báez, recordó que, cuando se aprobó el Código Penal, su bancada presentó un informe disidente que pedía aplazar la entrada en vigor del código completo. El diputado Charlie Mariotti, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), afirmó que el proyecto aprobado constituye «un acto de justicia», porque «el sector privado no aguanta una carga más». De su lado, el diputado Eugenio Cedeño, del PRM, sugirió que el plazo debería ser aún mayor para que las micro y pequeñas empresas puedan familiarizarse con la ley.
De acuerdo con el nuevo Código Penal, las empresas podrán ser penalmente responsables por actos u omisiones de sus órganos, representantes o subordinados realizados en su representación, y la justicia deberá revisar quién supervisó, la capacitación recibida, los protocolos que se violaron y los controles establecidos para detectar irregularidades. La empresa puede ser sancionada junto con la persona física que cometió el delito, no queda libre de responsabilidad por disolverse o cerrar, y esa responsabilidad puede extenderse a otra empresa que tenga el control legal o de hecho de la infractora. La legislación permite, a la vez, reducir o excluir la responsabilidad cuando la empresa demuestre programas efectivos de prevención de delitos, controles internos y canales de denuncia, con medidas proporcionales al tamaño de las mipymes.
La aprobación llegó tras los llamados del sector productivo: el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) pidió al Congreso completar la aprobación antes del 5 de noviembre, y la Asociación Dominicana de Empresas de Seguridad (Adesinc), presidida por el mayor general retirado Freddy González Estrada, urgió este mismo martes a convertir la prórroga en ley para proteger la seguridad jurídica y los empleos, respaldando la modernización de la justicia pero con un período de transición que permita a las empresas preparar sus programas de cumplimiento.
En la misma sesión de San Cristóbal, el pleno convirtió en ley la declaración de la Reserva Antropológica Cuevas de Borbón o del Pomier como Capital Rupestre de la República Dominicana, aprobó en segunda discusión declarar el 6 de junio como Día Nacional de los Defensores del Medio Ambiente y ratificó el Segundo Protocolo Adicional al Convenio del Consejo de Europa sobre la Ciberdelincuencia, relativo a la cooperación reforzada y la divulgación de pruebas electrónicas.
