«Las deportaciones continuarán»: Washington ratifica su política migratoria un día después de perder el Congreso, y la diáspora dominicana toma nota
La noticia se lee en Santo Domingo, pero se siente en Nueva York, Nueva Jersey y Florida: cada anuncio migratorio de Washington termina tocando la puerta de una familia dominicana.
El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, confirmó el miércoles 4 de noviembre que las deportaciones de migrantes en situación irregular continuarán sin cambios, un día después de la derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término del martes 3, en las que los demócratas recuperaron el control del Congreso. «Las deportaciones continuarán», escribió Mullin en su cuenta oficial de la red social X, la frase con la que la Casa Blanca cerró cualquier especulación sobre un giro migratorio tras el revés en las urnas.
El contexto electoral es contundente: según los análisis citados por las agencias, los republicanos retrocedieron en aproximadamente el 99 % de los más de 2.200 condados comparados con las presidenciales de 2024, con caídas severas en demarcaciones de alta concentración hispana. Las encuestas a pie de urna situaron la economía (39 %) y la situación institucional (32 %) por encima de la inmigración (14 %) como preocupaciones principales del electorado.
Las cifras del Instituto de Política Migratoria (MPI) dan la dimensión de la política que se ratifica: unas 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026, con una proyección de unas 660.000 expulsiones para el año fiscal 2026, cerrado el 30 de septiembre. Según el mismo instituto, citado por NTN24, el 80 % de las personas deportadas hasta julio no tenía condenas penales, un dato que alimenta la controversia sobre los criterios de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), cuyos agentes —defendió Mullin— trabajan los 365 días del año, incluidos los días festivos.
Para la diáspora dominicana —más de dos millones de personas en Estados Unidos y la fuente principal de las remesas que sostienen a miles de familias en República Dominicana— el mensaje es directo: el resultado electoral no detiene por sí solo los operativos. El nuevo Congreso, que asume en enero, podrá ejercer supervisión presupuestaria sobre el Departamento de Seguridad Nacional, pero cualquier cambio de fondo exige un trámite legislativo completo y podría enfrentar el veto presidencial. Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump declaró a FOX News estar dispuesto a sentarse a negociar inmigración con los demócratas, y dirigentes migrantes ya plantean volver a las calles para exigir el fin de las redadas y una vía de legalización, cuando se cumplen 40 años de la amnistía de 1986 firmada por Ronald Reagan.
Ninguna de las fuentes consultadas ofrece cifras de deportaciones desagregadas por país, por lo que no existe un dato específico y verificado sobre dominicanos en este anuncio: lo que sí está confirmado es la continuidad de la política general que también alcanza a la comunidad dominicana en situación irregular.
Sede del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, el organismo que dirige Markwayne Mullin. Foto: EFE vía NTN24.
Fuentes: El País, NTN24, El Nacional y EFE.
