El balance completo de la ofensiva: fábrica clandestina en Guerra, combustible ilegal y más de RD$1,500 millones en ajustes fiscales
Las clausuras de ayer eran solo la primera parte. El balance completo de la ofensiva contra los comercios que incumplen la ley muestra un operativo que abarca consumo, impuestos, trabajo, migración y construcción, con cifras que llegan a miles de millones de pesos.
Tras las clausuras de comercios anunciadas el jueves por Pro Consumidor, hoy se conoce el balance completo de la ofensiva de las autoridades contra los establecimientos que operan incumpliendo las leyes dominicanas, y el cuadro es más amplio que los cierres de ayer: incluye una fábrica clandestina de cartón en San Antonio de Guerra con un depósito ilegal de combustible, ajustes fiscales por más de RD$1,500 millones y más de mil actas levantadas por incumplimientos laborales.
Pro Consumidor dispuso la clausura temporal de seis establecimientos en el Gran Santo Domingo y mantiene otros dos bajo investigación para determinar si procede su cierre, mediante las resoluciones 1934-26 y 1935-26. Entre los locales intervenidos figuran Home Plus, AMG Mall, Plaza Neza, Tienda Rojo Star, Tienda Nuevo Mundo, Import y Export, Sol, Playa y Arena, ubicados en Pantoja, Los Alcarrizos y otras demarcaciones del Gran Santo Domingo. La institución, dirigida por Eddy Alcántara, detectó la comercialización de productos sin los registros sanitarios correspondientes y la exhibición de artículos para adultos en lugares visibles para menores de edad. Las clausuras se mantendrán hasta que la Procuraduría General de la República concluya la investigación para la cual será apoderada.
El caso más reciente del operativo conjunto ocurrió en San Antonio de Guerra, donde el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (Ceccom), clausuró la fábrica de cartón Cartesa, operada por ciudadanos asiáticos, que carecía de permisos de construcción, de uso de suelo y de funcionamiento. El complejo comprendía tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles destinado a oficinas y residencias. Durante la inspección, Ceccom descubrió un depósito clandestino de hidrocarburos: las autoridades ocuparon un tanque con capacidad para 5,000 litros y retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en RD$2,250,000. También se detectaron irregularidades en la contratación de trabajadores extranjeros, lo que motivó la intervención de la Dirección General de Migración y la paralización de la obra por el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones, por violaciones a la Ley 687-82.
En materia fiscal, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) informó en septiembre que había determinado ajustes fiscales superiores a RD$1,500 millones en comercios de este sector, correspondientes a obligaciones tributarias de períodos anteriores. Su director, Pedro Urrutia, aclaró que esas determinaciones no representan necesariamente dinero recaudado, pues los contribuyentes conservan el derecho de impugnarlas. La Dirección General de Aduanas, por su parte, estableció diferencias impositivas por RD$66.4 millones entre enero y agosto de 2026, mediante 14 fiscalizaciones concluidas, mientras otras 51 permanecían abiertas. El problema viene de años anteriores: entre 2020 y 2025, Aduanas realizó 139 auditorías al sector importador asiático que determinaron diferencias tributarias acumuladas de RD$4,509 millones, y solamente en 2025 las 49 auditorías efectuadas arrojaron diferencias por RD$1,592 millones.
En materia laboral, el Ministerio de Trabajo informó en octubre que había inspeccionado 101 establecimientos comerciales de este sector y levantado 1,016 actas, incluidas 42 infracciones remitidas a los tribunales. Las irregularidades abarcaron incumplimientos del descanso semanal, el pago de horas extraordinarias, las bonificaciones y la contratación de trabajadores extranjeros. En materia de construcciones, el Ministerio de Vivienda y Edificaciones ordenó en 2025 clausuras por incumplimientos de normas constructivas, algunas de las cuales se prolongaron durante meses.
Las actuaciones oficiales responden también a las reclamaciones de comerciantes dominicanos que exigen igualdad de condiciones tributarias y regulatorias. El Gobierno sostiene que la inversión extranjera es bienvenida, pero debe cumplir las mismas leyes que rigen para las empresas nacionales, y los organismos estatales reiteraron que continuarán las inspecciones conjuntas.
Autoridades frente a AMG Mall, uno de los establecimientos clausurados por Pro Consumidor. Foto: Pro Consumidor.
Fuentes: Diario Libre, El Seis y CDN.
