Montero presenta su plan de 100 días: jueces en las cárceles, ley contra el «vandalismo» en desalojos e inteligencia artificial
El nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia, Justiniano Montero Montero, presentó este miércoles su plan de trabajo para los primeros 100 días de su gestión, durante un encuentro con la prensa en el Auditorio de la Suprema Corte de Justicia, en Santo Domingo. La hoja de ruta, que marca el inicio del período institucional 2026-2032, se articula en cuatro ejes: Integridad, Participación, Eficiencia y Fortalecimiento Institucional.
La medida más llamativa del plan es la puesta en marcha de tribunales móviles que se ubicarán en las cárceles más congestionadas del país, para evitar el traslado de los imputados y de sus familiares y, con ello, los aplazamientos de audiencias. La iniciativa se ejecutará de forma conjunta con el Ministerio Público y la Oficina Nacional de la Defensa Pública, y tendrá especial atención en los departamentos judiciales de Santo Domingo, Santiago, San Pedro de Macorís y San Francisco de Macorís, identificados entre los que registran mayores niveles de mora judicial. A esta iniciativa se sumará una mesa de gobernanza penal para promover soluciones de conciliación y evitar sanciones desproporcionadas.
Montero también anunció que someterá al Congreso Nacional un proyecto de ley para regular la ejecución de sentencias, con el propósito de erradicar las prácticas irregulares que rodean los desalojos y embargos. El magistrado dijo que esa problemática, sobre todo en el ámbito civil, se ha convertido en «sinónimo de vandalismo» e inseguridad jurídica. «No quiera usted ser víctima de una ejecución del orden civil, de un desalojo, de un embargo, porque suscitan en múltiples características actuaciones muy indecorosas, muy deleznables que van en contra no solamente de la dignidad humana», expresó. Recordó que el artículo 149 de la Constitución establece que los tribunales tienen la responsabilidad de administrar justicia y ejecutar lo juzgado, y que para ello se apoyarán en la sentencia del Tribunal Constitucional TC/0743/25, que declaró no conforme con la Constitución la Ley 396-19.
En materia de tecnología, el plan contempla la incorporación de modelos homogéneos de inteligencia artificial, con cooperación técnica de Amazon, para atender los casos de alta frecuencia, que representan entre el 60 % y el 70 % de la carga procesal, de modo que los tribunales dediquen más tiempo a los expedientes que lo requieran. También se impulsará la interoperabilidad en línea entre las secretarías de los tribunales y se extenderá la firma digital a abogados, auxiliares de la justicia, oficiales públicos y alguaciles; cada acto de alguacil deberá incorporar georreferenciación para garantizar la trazabilidad del lugar de notificación y poner fin a las llamadas notificaciones al aire.
En el eje de integridad, Montero anunció una política institucional antisoborno con el apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el fortalecimiento de los mecanismos de prevención, orientación y denuncia, y la creación de estructuras regionales para promover una cultura ética. También planteó la firma de un pacto interinstitucional contra la corrupción y una reforma del régimen disciplinario judicial. En cuanto a la eficiencia, la estrategia contempla el fortalecimiento del programa Mora Cero para agilizar los expedientes antiguos, y en participación se ampliarán los espacios de diálogo en las distintas regiones del país.
Para supervisar el cumplimiento de los objetivos se designó una comisión integrada por dos funcionarios judiciales y un consejero, encargada de presentar informes periódicos sobre los avances, los resultados y los desafíos de la gestión. Montero sostuvo que mantendrá su despacho abierto a la ciudadanía para escuchar quejas dentro de los límites establecidos por la ley.
El plan es, por ahora, una promesa de gestión: las dos leyes que propone deben aprobarlas el Congreso Nacional, los tribunales móviles dependen de la coordinación con el Ministerio Público y la Defensa Pública, y el magistrado no precisó cuáles serán las primeras cárceles intervenidas ni el presupuesto para adecuarlas. La comisión de seguimiento será la que deberá mostrar, con informes periódicos, si las medidas anunciadas se convierten en cambios reales en los tribunales.
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