Trabajo forzoso fuera de las aduanas: los Diputados aprueban en primera lectura la ley que prohíbe importar mercancías hechas con explotación
Ningún producto hecho con explotación debería cruzar una aduana dominicana: ese es el principio de la ley que la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en primera lectura, con la Dirección General de Aduanas como su brazo ejecutor.
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, en primera lectura, el proyecto de ley de prevención y prohibición de mercancías producidas mediante trabajo forzoso, que faculta a la Dirección General de Aduanas (DGA) a prohibir la entrada al país de mercancías, productos o bienes fabricados, extraídos, procesados o elaborados, total o parcialmente, mediante trabajo forzoso. La iniciativa establece el régimen de prevención, identificación, verificación y prohibición de esas importaciones, y un procedimiento para investigar el origen de las mercancías y determinar si se usó trabajo forzoso en alguna etapa de su cadena de suministro.
El proyecto surge en medio de las presiones comerciales de Estados Unidos, que impuso un arancel del 12.5 % a los productos dominicanos, frente al 10 % aplicado a otros países, bajo el argumento de que República Dominicana no prohíbe la importación de mercancías elaboradas mediante trabajo forzoso. Como respuesta previa, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 502-26 para prohibir esas importaciones y asignar su cumplimiento a la DGA, mientras funcionarios del Gobierno han rechazado las acusaciones de existencia de trabajo forzoso local. La pieza contempla medidas provisionales: ante indicios razonables, la DGA podrá suspender el despacho aduanero, retener temporalmente los productos o aplicar una prohibición provisional, por hasta 45 días, prorrogables por otros 30.
En el esquema aprobado, la DGA conducirá el procedimiento y tomará la decisión final sobre cada prohibición, mientras el Ministerio de Trabajo hará la evaluación técnica para determinar si existió trabajo forzoso en la cadena de suministro. Todos los importadores deberán declarar, al presentar la Declaración Única Aduanera, si conocen o tienen motivos razonables para considerar que sus productos fueron elaborados con trabajo forzoso; una declaración falsa podrá generar sanciones administrativas conforme a la legislación aduanera, sin descartar responsabilidades penales, y los gastos de retención, devolución o destrucción de la mercancía correrán por cuenta del importador. La DGA deberá crear, en un plazo de 180 días, un registro público en línea de las prohibiciones, con las mercancías afectadas, sus productores y el país o región de origen, protegiendo los datos de las víctimas y los secretos comerciales legítimos. La iniciativa fue impulsada por el senador Félix Bautista y respaldada por senadores del oficialismo; ya aprobada en el Senado, solo le resta la segunda lectura en la Cámara de Diputados para concluir su trámite en el Congreso. En la misma sesión, los diputados ratificaron el Tratado Constitutivo de AMERIPOL y aprobaron en segunda discusión designar «Estación Johnny Pacheco» una parada del monorriel de Santiago.
A la pieza solo le resta la segunda lectura para concluir su trámite en el Congreso. Su aplicación pondrá a prueba el equilibrio que el propio debate exige: comercio sin explotación, con reglas claras para quienes importan de buena fe.
Foto: los diputados durante la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados (Diario Libre).
