Estados Unidos y China chocan en República Dominicana por la fábrica Cartesa: Washington felicita el cierre y Pekín acusa «cizaña»
El cierre de una fábrica de cartón de capital chino en San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, se convirtió este lunes en el detonante de un nuevo enfrentamiento diplomático entre Estados Unidos y China en República Dominicana, con un intercambio de declaraciones en el que ambas potencias se acusaron mutuamente de intentar perjudicar las relaciones bilaterales del otro con el país.
El detonante fue la Fábrica Cartesa, un complejo de tres naves industriales y un edificio de cuatro niveles en la comunidad Pata de Palma, de San Antonio de Guerra, intervenido el 29 de octubre por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través del Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), con la Dirección General de Migración y el Ministerio de Vivienda y Edificaciones. Según las autoridades, la empresa carecía del certificado de uso de suelo y de las autorizaciones comerciales; en el lugar se desmanteló un depósito clandestino de combustible, se ocupó un tanque con capacidad para 5,000 litros y se retuvieron 1,000 galones de gasoil, con un valor conjunto estimado en RD$2.25 millones. El Ministerio de Vivienda paralizó las obras por violaciones a la Ley 687-82 y Migración verificó la situación de los trabajadores extranjeros.
El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura, felicitó este lunes al Gobierno dominicano por tomar «medidas decisivas» contra lo que llamó una «enorme fábrica ilegal de cartón», advirtió que no se tolerará operar sin permisos, gestionar depósitos ilícitos de combustible ni eludir las leyes laborales con contratación ilegal de extranjeros, y sostuvo que «una verdadera colaboración económica requiere transparencia, competencia leal y respeto al Estado de derecho». Su mensaje fue reproducido por la Embajada de Estados Unidos en el país.
Horas más tarde, la Embajada de China respondió con un comunicado en el que calificó la conducta del funcionario estadounidense de «cizañosa», con «intenciones insidiosas»: sostuvo que un caso particular no debe usarse para sembrar discordia ni estigmatizar a toda la comunidad empresarial china, afirmó que Pekín insta a sus ciudadanos y empresas a cumplir estrictamente las leyes locales y que respeta la aplicación justa de la ley por las autoridades dominicanas, y subrayó que República Dominicana es un Estado soberano y que la aplicación de sus leyes es un asunto interno que no necesita «felicitaciones» con aires de superioridad de ninguna potencia.
El caso se inscribe en una ofensiva oficial más amplia: durante octubre, el Ministerio de Trabajo inspeccionó 101 tiendas y plazas comerciales de capital chino en el Gran Santo Domingo, San Pedro de Macorís y La Altagracia, y levantó 1,016 actas. El ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo Sanz Lovatón, ha reiterado que República Dominicana mantiene sus puertas abiertas a la inversión extranjera, siempre que las empresas cumplan las leyes nacionales. Para el país, el choque diplomático deja una lectura práctica: sus dos grandes socios en disputa coinciden, al menos en público, en que la ley dominicana es la que manda en territorio dominicano.
La fábrica Cartesa, en la comunidad Pata de Palma de San Antonio de Guerra, provincia Santo Domingo, intervenida por las autoridades dominicanas. (Foto: El Inmobiliario, vía Infobae)
Fuentes: Diario Libre (10 de noviembre de 2026) e Infobae (9 de noviembre de 2026), con los pronunciamientos oficiales de las embajadas de Estados Unidos y de China en República Dominicana
