OpenAI cede ante las urnas: presenta un pacto con las comunidades para sus centros de datos tras el rechazo electoral
Primero votaron los vecinos y después habló la empresa: la expansión de la inteligencia artificial ya tiene un costo político medible en Estados Unidos.
La inteligencia artificial acaba de chocar con las urnas. OpenAI, la creadora de ChatGPT, presentó este jueves un nuevo marco regulatorio y una serie de compromisos comunitarios para el desarrollo de sus centros de datos, tras el contundente rechazo de los votantes estadounidenses a la expansión desmedida de estas infraestructuras en las elecciones de mitad de mandato.
El dato electoral es rotundo: el martes, los estadounidenses votaron 41 iniciativas locales relacionadas con centros de datos en 10 estados, y en 40 de ellas respaldaron restricciones o rechazaron medidas a favor de su desarrollo, según un análisis de Ballotpedia con datos recopilados por CNBC. El descontento ciudadano se concentra en tres frentes: el impacto ambiental, el consumo de agua y el alza de las tarifas energéticas en las comunidades que albergan estas instalaciones gigantescas, que alimentan a los modelos de inteligencia artificial.
La respuesta de la empresa se llama «Pacto Nacional con la Comunidad» y va acompañada de una propuesta legislativa dirigida a los reguladores. Bajo estas directrices, OpenAI se comprometió a asumir el costo íntegro de la electricidad y de la infraestructura de red requerida para abastecer a los centros que posea y opere, protegiendo a las familias de sobrecostos en sus facturas; a aceptar reducciones voluntarias de su consumo eléctrico en momentos de alta demanda y a devolver electricidad a la red; a consultar a las comunidades antes de iniciar las obras; a publicar datos periódicos sobre su consumo de agua y energía; a realizar estudios independientes de ruido; a limitar los acuerdos de confidencialidad con funcionarios locales, que habían generado fuerte malestar al ocultar los detalles de los proyectos; y a fijar metas de contratación local e informar públicamente de sus avances. La empresa aclara que es un compromiso voluntario para sus futuros centros propios, no una ley, aunque propone que sus principios se incorporen a la legislación que regule la expansión de la IA.
Chris Lehane, director de Asuntos Globales de OpenAI, explicó que la compañía llevaba meses trabajando en el anuncio, a partir de conversaciones con residentes y autoridades de estados como Georgia, Ohio y Texas, y reconoció que algunos proyectos podrían retrasarse ante el nuevo clima político: la gobernadora electa de Texas, Gina Hinojosa, ha pedido una moratoria inmediata sobre la construcción de centros de datos, y al menos 45 proyectos ya propuestos, valorados en US$88.000 millones, se vieron afectados por la oposición local solo en el segundo trimestre de 2026, según el grupo de investigación Data Center Watch. «Si va a introducirse en una comunidad y desea construir en ella, debe hacerlo junto con la comunidad», afirmó Lehane. Para países como República Dominicana, donde el costo de la energía y el agua también son temas sensibles, el episodio deja una lección temprana: la infraestructura de la inteligencia artificial ya no se decide solo en los despachos de las tecnológicas, sino también en las urnas y en los barrios que la reciben.
Un visitante fotografía el cartel de OpenAI. La creadora de ChatGPT presentó compromisos comunitarios para sus centros de datos tras el rechazo electoral a su expansión. Foto: Bloomberg.
Fuentes: EFE y Bloomberg.
