Bogotá / Santo Domingo. La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió de señales que requieren atención sobre restricciones al ejercicio del periodismo en República Dominicana, un país donde, en términos generales, se mantiene un ambiente favorable para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión. Así lo recoge el informe por país presentado ante la 82ª Asamblea General del organismo, que concluye este domingo en Bogotá.
Según el documento, esas señales tienen que ver con el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital. El informe recopiló varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas, como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, que el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario, y el de Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, agredido y despojado de su teléfono a finales de julio mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.
También genera atención, según la SIP, la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios tras la eliminación de La Semanal, el mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que causó inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública. El organismo expresó además su preocupación por disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública, por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios.
En el lado positivo, la SIP destacó la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la permanencia de información periodística en plataformas digitales: en septiembre pasado, el tribunal rechazó un recurso que buscaba la eliminación de publicaciones de Diario Libre y Google LLC realizadas en 2019 sobre una persona investigada en el contexto de la red de narcotráfico atribuida a César Emilio Peralta, conocido como César el Abusador. El Tribunal consideró que la información provenía de fuentes oficiales, era de interés público y no se había demostrado que fuera falsa. El documento fue presentado por Miguel Franjul, director de Listín Diario y vicepresidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP para República Dominicana.