La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió sobre indicios de restricciones al ejercicio del periodismo en República Dominicana, aunque señaló que en el país se mantiene, en términos generales, un ambiente favorable para el ejercicio de las libertades de prensa y de expresión.

La advertencia forma parte de los informes por país de la 82.ª Asamblea General de la SIP, que concluye este domingo en Bogotá, Colombia. Según el organismo, las señales que requieren atención tienen que ver con el acceso de los periodistas a las fuentes públicas, la relación con agentes estatales, el marco jurídico de la libertad de expresión y el creciente deterioro del ecosistema informativo digital.

El documento recopiló varios episodios de agresión o restricciones durante coberturas periodísticas, como el de Junior Marte, corresponsal de RNN en Santiago, que el 15 de mayo fue empujado por un agente penitenciario, mientras que a finales de julio Gregorio del Rosario, periodista y abogado de Puerto Plata, fue agredido y despojado de su teléfono, al parecer por particulares, mientras grababa incidentes en el Palacio de Justicia regional.

También genera atención la reducción de los espacios de contacto directo entre el presidente Luis Abinader y los medios tras la eliminación de La Semanal, un mecanismo regular de interacción del jefe del Estado con los periodistas, lo que causó inquietud respecto del acceso a las fuentes oficiales y a la información pública. En agosto, el director de Estrategia y Comunicación Gubernamental, Félix Reyna, anunció que el presidente retomaría los encuentros semanales con representantes de los medios.

La SIP expresó además su preocupación por disposiciones del Código Penal relacionadas con la expresión pública, por sus posibles efectos restrictivos sobre la investigación periodística, la denuncia de asuntos de interés público y la crítica a funcionarios y otras personas con responsabilidades.

En el lado positivo, el informe resaltó decisiones judiciales favorables a la libertad de expresión, como el rechazo a solicitudes de eliminación de informaciones publicadas amparadas en el denominado derecho al olvido, un precedente que ya había sentado el Tribunal Constitucional en 2020 en favor del periódico digital Acento. También se recoge el incidente ocurrido en el Palacio Nacional, cuando periodistas denunciaron haber sido retirados mientras esperaban cubrir una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura; la Dirección de Prensa de la Presidencia explicó que se trató de una confusión y aseguró que no existió una orden para impedir la cobertura.